• En esta entrevista, el especialista en criminalidad, Frank Casas Sulca, explica la naturaleza del crimen organizado y las condiciones que han llevado a que este acentúe la inseguridad ciudadana en Lima y en el Perú.

Escribe Frank de la Cruz / [email protected]

En los últimos meses, las noticias sobre sicariato y extorsión han marcado la pauta en Perú. A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, no se aprecia una reducción en estos delitos que han desembocado en una crisis de inseguridad.
En esta entrevista, Frank Casas Sulca, politólogo, comunicador y especialista en seguridad ciudadana, explica los factores que influyen en el incremento de la violencia, analiza las medidas que ha tomado el gobierno ante la crisis y señala las acciones que debería tomar el Estado para enfrentar el crecimiento de la violencia.

– ¿A qué se debe el aumento de los homicidios?
Los homicidios en nuestro país han ido en crecimiento desde que empezaron a registrarse los datos, desde el 2011 hasta el 2019, aproximadamente. De acuerdo con la información que proporcionaba el INEI, los asesinatos estaban asociados con asuntos de conflicto interpersonal: por celos, feminicidios, violencia de género en general o ajustes de cuentas personales. Otro porcentaje pertenecía a la delincuencia común. El dato de sicariato vinculado al crimen organizado era bastante bajo; de hecho, en sus picos más altos, representaba el 3 o el 4% del total de homicidios. Llamaba la atención que Perú, uno de los grandes exportadores de cocaína y oro, tuviera cifras de homicidios bastante bajas.
Sin embargo, esto cambia a partir de la pandemia. Según el INEI, si bien los crímenes pasionales y riñas interpersonales continúan siendo un gran porcentaje de los homicidios, también aparece con mayor fuerza el crimen organizado., principalmente el asociado a la extorsión y al sicariato. Probablemente, esto ha sido generado por el sicariato que acompaña la microextorsión, que ha penetrado a través de mercados formales e informales como el transporte público informal de Lima o pequeños comercios, pero también, en algunos casos, se asocia a la minería ilegal, como lo sucedido en Pataz.

– ¿Qué dinámicas tienen las organizaciones criminales entre ellas? ¿De qué manera se relacionan?
En Perú existe crimen organizado desde hace varios decenios. Por ejemplo, convivimos con el mercado ilegal de cocaína desde la década de los 60, en que ilegalizó en todo el mundo la droga; empezamos a tener un boom de exportación de oro ilegal desde principios del siglo XXI; la tala ilegal ha sido un fenómeno que ha estado conviviendo con nosotros desde la época de la extracción del caucho.
No es un fenómeno nuevo. Sin embargo, la violencia homicida no ha sido tan recurrente, salvo la época de Sendero Luminoso. No somos un país tan violento, en términos comparativos, como México, Colombia u otros países de África, donde la violencia asociada al crimen organizado impera de manera tan brutal.
Se debe entender que el uso de la violencia no necesariamente es un componente intrínseco al crimen organizado y por una razón principal: al crimen organizado no le interesa la violencia como objetivo, lo que le interesa es ganar dinero. Y la violencia, como la corrupción y otros recursos, se va a utilizar para lograr que su negocio funcione.
El incremento de la microextorsión es consecuencia del objetivo de obtener réditos económicos. Pero existe mucha competencia. En este mercado, los pequeños negocios que son utilizados para el lucro y no se cuenta con una gran organización criminal que controle el territorio, sino más bien pequeños agentes delictivos
Tenemos muchas condiciones que facilitan la comisión del delito y tenemos a muchos agentes delictivos tratando de obtener un rédito de estas pequeñas parcelas que se van disputando. Eso es lo que lastimosamente no se ha podido controlar hasta el momento.

– ¿Qué otros factores se corresponden con el aumento de la delincuencia que desemboca en violencia, sobre todo factores estructurales (pobreza, desempleo, falta de oportunidades?
Los hechos delictivos no siempre responden a las mismas causas o a los mismos factores. Por lo tanto, cada uno puede tener su propia trayectoria, dinámica y causales propias. Respecto a delitos como el delito patrimonial, extorsiones o el sicariato, es verdad que pueden influir varios factores estructurales como la falta de oportunidades, desorden y descontrol social en el barrio, falta de planificación territorial y necesidades culturales y básicas que no han sido satisfechas.
Sin embargo, la comisión de estos delitos tiene un componente racional importante, más allá de los factores estructurales. Las personas cometen delitos porque son conscientes de que con ellos van a lograr un objetivo, como el dinero. Lo que hay que abordar son los facilitadores del delito que aparecen en el entorno.
Par extorsionar, se necesitan varias cosas. Uno, información de la víctima. En Perú, lastimosamente, nuestra información privada ha sido vulnerada en todos los sentidos, tanto por el Estado, como empresas de telefonía y bancarias. Incluso nosotros solemos arriesgar información privada que termina en mano de los delincuentes. La segunda, acceso a armas, municiones, explosivos. Estas armas no necesariamente vienen de un mercado negro; a veces vienen incluso del mercado legal, de personas que pierden sus armas y no denuncian ello.
Entonces, hay todo un sistema que facilitan delitos que se cometen de manera racional. No hemos sido audaces e inteligentes en controlar estos factores que facilitan el delito.

– Vemos que las medidas son más reaccionarias, como prohibir motos lineales o el estado de emergencia. En su opinión, ¿funciona el estado de emergencia?
Primero, retomando lo anterior, al abordar los factores que ocasionan o facilitan el delito, la estrategia de participación de instituciones cambia, pues ya no se concentra en la policía. Hay organizaciones que se encargan de los factores mencionados, como Osiptel en el caso de telefonía, y el SUCAMEC, en la fiscalización de armas de fuego.
Para poder desarrollar una estrategia de seguridad, no puedes concentrarte únicamente en policías y militares, sino también en otras instituciones de las que sabemos muy poco de lo que hacen, los resultados que obtienen y capacidades que tienen en materia de seguridad. No sabemos.
Segundo, cuando hablamos de seguridad, automáticamente hablamos de policías, y la policía no es el único actor responsable de la seguridad o de la crisis, tampoco los militares. Es muy importante cambiar ese chip y empezar a trazar una estrategia que vaya más allá de la “mano dura”. El estado de emergencia no me parece que esté mal, pero simplemente es una acción que facilita la labor de la policía, pero no de otras instituciones. Requerimos medidas mucho más integrales.

– ¿Considera que el tratamiento informativo que se le da a este tema contribuye a la sensación de aumento de inseguridad?
Sí, de hecho, la evidencia demuestra que sí. Pero además hay que entender que la sensación o percepción de inseguridad no solamente es fruto de un sistema de creencias que se encuentra psicopatologizado o en proceso de ello, sino más bien también fruto de muchas otras cosas que suceden en la vida cotidiana. Existen acciones sistemáticas de violencia, por ejemplo, cuando uno está en el transporte público: desde el escolar que recibe el maltrato del cobrador por el pasaje, hasta alguna persona que soba su cuerpo contra el tuyo; tú sabes que tus calles no son seguras a partir de cierta hora. Nuestra sociedad va constituyéndose en un entorno donde vivimos cada día desconfiando del otro.

– ¿Cómo han cambiado los patrones delictivos del país? ¿Qué modalidad o delito debería priorizarse?
Los delitos de extorsión y sicariato han despertado una crisis de inseguridad. Si bien existen otros delitos; en términos de opinión pública, la presión recae sobre la extorsión. Entonces, lo que podría hacer un gobierno en proceso de salida es concentrarse en la crisis, que, en mi opinión, son la extorsión y el sicariato. Para poder confrontar ello, se requiere unir todos los recursos en resolver esta crisis. Además, se requiere tener un Estado unificado y articulado. Lastimosamente, vivimos una confrontación entre el Gobierno Nacional, Fiscalía de la Nación, y en medio aparece la Policía Nacional; por otro lado, tenemos un Congreso que esta legislando de manera bastante crítica.

– ¿Existen modelos o ejemplos de otros países que podría adaptarse al contexto peruano? Siempre se pone de ejemplo a El Salvador, ¿es replicable?
No hay recetas únicas, pero si queremos abordar a El Salvador, hemos de entender que este país ha hecho muchas cosas interesantes desde antes de Bukele. Cuatro años antes de Bukele, la tendencia al homicidio en El Salvador calló de manera sistemática. Bukele ha consolidado eso. Algo propio de su gobierno, fuera de sus prácticas de violación de derechos humanos, es el control territorial, que reduce las facilidades al delincuente para que cometa delitos. A su vez, El Salvador ha tenido reformas profundas y duras en el sistema de justicia y el sistema policial.
Sin embargo, insisto, no hay recetas únicas y habrá que ver aquellas cosas que sí hicimos cuando resolvimos el problema del terrorismo. Quizás una de las cosas que sí hicimos bien fue construir una única visión como Estado y nos unimos a pesar de nuestras diferencias. Por otro lado, extendimos la mano no solamente a las fuerzas del orden, sino también a la sociedad civil, principalmente a comunidades indígenas y campesinas que contribuyeron a la lucha con el terrorismo. Ese trabajo de articulación funcionó; ya lo hemos hecho y debemos empezar a replicarlo.